El Código de Buenas Prácticas del Gobierno va dirigido a ayudar a los colectivos en riesgo de exclusión social. |
Medidas
suaves para tiempos duros
El
PSOE y Consumidores en Acción (FACUA) desconfían de la banca y demandan que se
legisle la dación en pago para evitar el fraude
El
ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció la aplicación
de unas normas para reducir los desahucios para los colectivos en riesgo de
exclusión, además de un Código de Buenas Prácticas de adopción voluntaria por parte
de la banca y así evitar situaciones de abuso o fraude. Dentro de este
colectivo estarían las familias con todos sus miembros en paro y cuya vivienda
sea la primera y única residencia. Sin embargo, no todo el mundo está de
acuerdo con esta solución: ni la oposición, PSOE, ni los Consumidores en Acción (FACUA) se fían de la banca y piden que se legisle la dación en pago para
regularla.
Esta
práctica consiste en entregar la vivienda a la entidad financiera y el
ciudadano queda libre de la deuda. Sin embargo, su aprobación depende de que el
valor de la vivienda sea superior al valor de la hipoteca: debe tener un valor
mínimo de tasación y probar que el propietario tiene dificultades económicas.
María
Dolores Asencio Aznar, concejala de Bienestar Social del partido socialista en
el ayuntamiento de Elche, declaró que la situación es “preocupante” y que a
ella acuden muchas familias que lo están pasando muy mal a pedir ayuda. Añadió
que lo que plantea el Gobierno crea falsas expectativas porque limita esta
medida a familias con todos sus miembros en paro, que hayan agotado sus
prestaciones y que además estén en situación de exclusión social, lo que
“claramente es insuficiente” porque muchas familias en serias dificultades
quedarían excluidas.
El
PSOE ha propuesto al Gobierno que elabore “una normativa ajustada a la
realidad, de obligado cumplimiento y llevarla al Parlamento”, que además
permita recurrir a la dación en pago para aquellas personas en paro o con
escasos recursos económicos. Añade el partido socialista que esta legislación
debe obligar a que en situación de desempleo exista la posibilidad de
“reestructurar la devolución del crédito para no perder la casa”. El PSOE
presentará una proposición no de ley que evite que las personas con rentas
bajas pierdan su vivienda y sigan endeudadas con las entidades financieras.
No se fían de la banca
Otra
institución crítica con las normas y el Código de Buenas Prácticas es la FACUA,
también llamada Consumidores en Acción, organización no gubernamental sin ánimo
de lucro, independiente y presente en todo el territorio español a través de
asociaciones. El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, señaló que “si el Gobierno
se fía de la banca” ellos no lo hacen. Además, denunció que han negociado los
problemas de los consumidores excluyendo a las organizaciones que los
representan. Sánchez declaró que a las entidades financieras españolas les
falta transparencia y que las denuncias de los usuarios por incumplimiento de
la legislación han crecido “de forma espectacular”. Entre los abusos que
realiza la banca en España se encuentran las cláusulas suelo y las
participaciones preferentes, también el cobro irregular de comisiones. El
portavoz de Consumidores en Acción criticó la “limitadísima” fórmula de dación
en pago que pretende impulsar el Gobierno y que anunció en el Congreso el
ministro de Economía. Según Sánchez, los usuarios tienen la sensación de que
“los que mandan son los bancos” y que dicha regulación se centra en los
intereses de los banqueros en vez de en los de los ciudadanos.
Otro
punto de vista es el de los bancos. Según fuentes de la CAM (Caja de Ahorros
del Mediterráneo), la dación en pago ya se está realizando, desde el año pasado,
en 2011. También critican que el Gobierno lo plantea como una opción nueva.
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